Luego de cuatro décadas, comenzó el proceso contra cinco represores por los fusilamientos de 16 militantes políticos en la base Almirante Zar.
Por Adrián Pérez
La dictadura militar encabezada por Alejandro Agustín Lanusse buscaba alejarlos de un contexto social convulsionado por años de proscripción peronista y la persecución a militantes de base. Eran jóvenes que se referenciaban con las luchas obrero-estudiantiles cristalizadas en el Cordobazo, el Rosariazo y el Mendozazo. Cuadros e integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), Montoneros y del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) fueron desplazados, a principios de los setenta, de confinamientos en Tucumán, Córdoba y Buenos Aires y enviados a la Unidad Penal 6 de Rawson, Chubut. El presidio, por su ubicación geográfica, desalentaba toda idea de fuga. No obstante, veinticinco presos políticos lograron escapar de allí el 15 de agosto de 1972. Seis abordaron el vuelo comercial BAC 1-11 de la empresa Austral. El resto fue capturado en el aeropuerto de Trelew. Sin saber que lo esperaba la muerte, Rubén Pedro Bonet dijo frente a las cámaras de televisión, antes de ser trasladado a la base aeronaval Almirante Zar: “Ya que estamos en la Patagonia concebimos esta Nación y esta lucha como la continuación de la que libraron todos los obreros rurales y los obreros industriales en 1921, asesinados por el Ejército”. El trabajador de Sudamtex y Nestlé e integrante del ERP fue uno de los dieciséis fusilados en la Masacre de Trelew. Carlos Heriberto Astudillo, Eduardo Adolfo Capello, Mario Emilio Delfino, Carlos Alberto del Rey, Alfredo Elías Kohon, Clarisa Rosa Lea Place, Susana Graciela Lesgart, José Ricardo Mena, Miguel Ángel Polti, Mariano Pujadas, María Angélica Sabelli, Hugo Humberto Suárez, Humberto Adrián Toschi, Jorge Alejandro Ulla y Ana María Villarreal de Santucho también murieron en la siniestra acción.
Familiares de las víctimas se reunieron con Néstor Kirchner durante su presidencia para expresarle la necesidad de crear un espacio de memoria en la base Almirante Zar. El 6 de mayo, en el último homenaje a los caídos de Trelew organizado en el predio militar, Alicia Bonet contó que había solicitado la reapertura de la causa por la masacre a todos los presidentes constitucionales, pero que Kirchner había sido el único que la escuchó en 2005. “Haré todo lo que esté a mi alcance para que se concrete”, le dijo el presidente a ella y a Soledad, la madre de Capello. Luego se acercaron al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) para iniciar una causa penal. La primera querella se presentó en febrero de 2006. La directora del Área de Litigio y Defensa Legal del CELS, Carolina Varsky, patrocina a diez familias en el juicio que comenzó hace dos semanas en el teatro José Hernández de Rawson. Junto con el abogado Eduardo Hualpa concluyeron que, si bien habían ocurrido antes del golpe de Estado, los fusilamientos representaban crímenes de lesa humanidad. Para la reconstrucción de los hechos, la querella se apoyó en relatos de familiares que narraron la experiencia de otros detenidos en la UP 6. También en los testimonios de los sobrevivientes Ricardo René Haidar, Alberto Miguel Camps y María Antonia Berger (detenidos-desaparecidos por la dictadura), recogidos en la cárcel de Devoto por Francisco “Paco” Urondo el 24 de marzo de 1973 y publicados en el libro La Patria Fusilada.
LA QUERELLA
La acusación alcanzó al capitán de fragata Luis Emilio Sosa, guardia de la base, y al teniente de navío Roberto Guillermo Bravo, señalados por los sobrevivientes como quienes remataron con tiros de gracia a sus compañeros. “Al momento de hacer la denuncia teníamos pocos nombres de posibles imputados”, confía Varsky en diálogo con Debate. Nuevos responsables surgieron cuando el juez federal Hugo Sastre convocó en calidad de testigos a personas que trabajaron en la base aeronaval: el capitán de fragata Emilio Del Real; el capitán de navío Rubén Norberto Paccagnini, jefe de la base; el cabo primero Carlos Marandino; y el capitán de navío Jorge Enrique Bautista. El contraalmirante Horacio Mayorga eludió el juicio por razones de salud. Lo mismo hizo Bravo al nacionalizarse norteamericano.
En 2008,
Página/12 ubicó a Bravo en Miami. Era titular de la empresa RGB Group Inc., proveedora de servicios médicos a fuerzas militares y de seguridad. El juez Robert Dube, de la Corte de Florida, rechazó su extradición argumentando que las declaraciones de los sobrevivientes no eran creíbles. De los cinco imputados, Marandino es el único con arresto domiciliario: el resto está cerca de los ochenta años de edad y fueron excarcelados. Eduardo Aguirre Obarrio y Ezequiel Martínez, ministro de Defensa y secretario de Planificación de Lanusse, fueron beneficiados con falta de mérito. Eduardo José Ignacio Betti, general de brigada del Ejército, y Carlos Alberto Rey, brigadier general de la Fuerza Aérea, fueron sobreseídos. El capitán de navío Juan Carlos Antonio Herrera y el integrante de la Armada, Juan Hipólito Marchán, ambos fallecidos, también habrían participado de los hechos, según testimoniaron los imputados.
Utilizando un croquis de la base, el físico del Instituto Balseiro, Guillermo Pregliasco, analizó la distribución de las celdas de la base en las que fueron alojados los detenidos. En agosto de 2007 sugirió examinar la pared Norte. También hizo una reconstrucción a escala del área Oeste del edificio. Según esos estudios, el pasillo en el que fueron fusilados era demasiado angosto para que los presos abrieran fuego contra los guardias, dato que derriba la versión de un enfrentamiento difundida por la Armada. En otra pared, la mampostería había sido picada desde el piso y hasta una altura irregular que no excedía el metro sesenta. Por encima de ese borde, el revoque respondía a la estructura original del edificio. Todas las reparaciones fueron posteriores a 1972. “Eso quiere decir que no hubo ni un solo disparo por encima del metro sesenta”, remarca la abogada. Los marinos habían argumentado que se asustaron ante el intento de fuga y por eso abrieron fuego hacia el techo.
La semana pasada, el capitán Bautista recorrió la base, en el marco del juicio donde está acusado de encubrimiento. Recordó que en el mediodía del 22 de agosto, al presentarse en el predio aeronaval entró al pasillo, con los fusilamientos consumados, y encontró cuerpos, colchones, armas y algunas marcas en las paredes. “Dijo que al principio los fusilados no eran dieciséis sino menos”, afirma Varsky. Además, el marino reconoció haber escuchado que uno de los detenidos acababa de morir. “Bonet no muere en la madrugada del 22 sino que lo dejan sin atención hasta cerca del mediodía -asegura la abogada-, no lo llevan inmediatamente al médico como lo hicieron con Haidar, Berger y Camps”. Y agrega: “Bautista admitió que hubo siete sobrevivientes por lo menos, de los cuales finalmente quedaron tres vivos”. Según Varsky, el marino se refería a Bonet y a Pujadas. Por las manchas en el suelo los presos reptaron por el pasillo de una celda a otra. La querella sostiene que Bonet sobrevivió y que Haidar, Berger y Camps fueron evacuados con graves heridas, luego de haber sido atendidos durante siete horas en la enfermería de la base.
Mariano Pujadas - Pedro Bonet
Intervención del Grupo de Arte Callejero (GAC)
LA FUGA
El 15 de agosto de 1972, un militante de las FAR merodeaba la UP 6. Jorge Lewinger, apoyo externo de la fuga y periodista de la agencia Télam, esperaba un guiño para actuar. Tenía que recoger a 110 integrantes de las FAR, Montoneros y el ERP. La toma de la cárcel debía concretarse durante la escala en Trelew del avión de Austral, que volaba de Buenos Aires a Comodoro Rivadavia. Una compañera aguardaba para avisar sobre el arribo del avión. Los wokitokis no funcionaban y el rescate se complicó aún más cuando el periodista interpretó equívocamente la señal que Carlos “Tomasito” Goldemberg le hacía con la frazada. Creyó que adentro “estaba todo podrido”. La camioneta y los dos camiones que llevarían a los presos al aeropuerto se alejaron. Pero volvieron al darse cuenta de que se trataba de una confusión. En el camino, se cruzaron con los taxis en los que viajaba el segundo grupo de 19 presos que había logrado escapar. Mientras, los patrulleros revoloteaban la cárcel.
“Se dieron cuenta de quiénes éramos pero no quisieron ningún tipo de enfrentamiento”, recuerda Lewinger. Finalmente abortaron la operación. Mientras huía hacia el Sur, el carburador de su camioneta se mojó al pisar un charco. Para no congelarse pasó la noche arriba del auto. Al día siguiente, caminó cuarenta kilómetros hasta dar con un puestero que lo alojó en su casa. “Era gente muy humilde pero tenían una radio Spika. Me desearon suerte, sabían lo que había pasado”, relata Lewinger. En la localidad de Gan Gan esperó un micro que lo llevara a Bariloche, pero fue detenido. Cuando exigió que lo anotaran en la comisaría, un policía le murmuró a otro: “El miedo no es zonzo”. Habían recibido un radiograma para no asentar su ingreso. La avioneta que lo debía trasladar a Rawson no llegaba y el jefe policial lo invitó a cenar a su casa. El periodista no recuerda su nombre, pero menciona que, después de sacarle las esposas, el comisario le dijo que los presos políticos llegaron al penal de Rawson para “alejarlos de todo el despelote que había” en la Argentina. Con esa decisión, creía que Lanusse había incorporado la Patagonia al país, y que ahora sabían lo que pasaba en el resto de las provincias.
“¿Por qué no dejás que te saque el arma, como si te la hubiera robado, para que pueda apretar al piloto y seguir viaje a Chile?”, pidió Lewinger. “Si no tuviera familia, te aseguro que lo haría”, respondió gentilmente el comisario y le garantizó que mientras estuviese en manos de la policía de Chubut no le tocarían un pelo. En Rawson lo entrevistó un coronel del Ejército. Los policías apostados detrás del militar lo saludaban con los dedos en V. En la noche del 21 de agosto, el periodista y los choferes de los camiones fueron interrogados. Estaban en el patio, con las manos contra la pared, muriéndose de frío. Entre pregunta y pregunta, el juez se iba al fondo de la comisaría, porque estaban festejando algo con un asado. La peor noticia llegó por la mañana de boca de otro preso: “Mataron a los compañeros en la base aeronaval Almirante Zar”. Lo que celebraban no era otra cosa que los fusilamientos. El 26 de mayo de 1973, cuando estaba a punto de salir en libertad, el jefe del penal le dijo: “Esta batalla la ganaron pero la guerra continúa”. Su hermano y su primera compañera desaparecieron durante la dictadura cívico-militar.
El 6 de mayo, Lewinger recorrió más de 1.300 kilómetros para estar en el acto convocado por H.I.J.O.S, La Cámpora y familiares de las víctimas. En el inicio del juicio pudo ver la cara de los genocidas por primera vez. “Ellos son responsables del peor delito que pueda cometerse: asesinar a personas desarmadas”, afirma. Durante su estadía en Rawson, Lewinger se encontró con Miguel Marileo, encargado de sellar los ataúdes en los que los dieciséis cuerpos fueron enviados a Buenos Aires.
TESTIMONIO CLAVE
Su voz suena relajada del otro lado del teléfono. Miguel Marileo se va quitando el pesado lastre que le obligaron a cargar durante varias décadas. Los fusilados eran más o menos de su edad: él tenía 28 años en ese tiempo. La semana pasada regresó dos veces a la base Almirante Zar. La casa de sepelios Melluso, que aún funciona en Trelew, era la única cochería disponible en la zona en 1972.
En la mañana del 22 de agosto, cuando se presentó a trabajar, supo por uno de los dueños de la empresa que “se estaba corriendo una bola”: habían matado a los muchachos en la base. “Van a venir a comprar cajones”, pensó. Luego de almorzar en su casa, volvió al trabajo a las 15. Dos horas después, un camión militar estacionó en la puerta de la funeraria para llevarse dieciséis ataúdes. Terminó la jornada laboral a las 19.30. El dueño de la cochería le dijo: “Me parece que mañana nos van a llamar de la base para encajonar a los muchachos”.
En su casa, la persiana del dormitorio matrimonial miraba a la avenida Gales. A las 23.50 escuchó un camión frenando en la puerta. “No le dimos bolilla pero alguien golpeó el postigo de madera”. Abrió la ventana y preguntó quién era. “Somos de la base, nos va a tener que acompañar”, se despacharon los militares. “¿A esta hora tenés que ir a la base?”, rezongó su compañera. Lo subieron al camión, repleto de colimbas. “La entrada a la base era una boca de lobo, había milicos por todos lados, era una romería”, recuerda el funebrero. Le pidieron el documento pero sólo llevaba un carnet del Sindicato de Empleados de Comercio. El camión se detuvo a los veinte metros, bajó con el dueño de la empresa. “Nos metieron en una oficina grande. Nos encontramos con un pasillo de diez metros y, a mano derecha, otro de tres o cuatro metros, donde estaban los cajones tirados en el piso”, describe.
En el salón, había ocho cuerpos desnudos de un lado, y ocho del otro, y charcos de sangre por todos lados. Sintió impotencia ante tanta muerte joven. Los miró uno por uno. Los cuerpos desnudos, identificados con sus nombres, tenían al lado bolsas de nylon con balas. “Pujadas fue quien había recibido más disparos, tenía siete u ocho orificios, lo abrieron desde el pecho hasta el ombligo y lo cocieron así nomás”, afirma Marileo. María Angélica Sabelli estaba cerca de Pujadas. Le llamó la atención no ver impactos de bala en el cuerpo de la joven. Le pasó la mano por detrás de la cabeza y cuando la quitó estaba llena de sangre: “Le pegaron el tiro de gracia detrás de la nuca. El disparo no tenía orificio de salida”. Un poco más allá estaba Ana María Villarreal de Santucho. “Tenía dos o tres tiros en el estómago. Ahí sentí más bronca. La mataron con la criatura que llevaba en el vientre”, revela. La mujer estaba embarazada de cinco meses.
Ana Maria Villareal de Santucho
Intervención del Grupo de Arte Callejero (GAC)
“Estaban completamente alterados. Uno daba una orden, otro pedía lo contrario. Un teniente o capitán decidió que soldáramos todos los cajones”, rememora. Un colimba le dijo: “Jefe, nosotros no los matamos, fueron los de las tiritas, la pandilla de Sosa”. Cuando se dieron cuenta de que conversaban, se llevaron al soldado de los brazos. Marileo no lo vio nunca más.
Después de terminar el trabajo, preguntó si podía regresar a su casa. A las 18 apareció un militar: “Lleven a estos señores a Trelew”, balbuceó. Un jeep los dejó en la casa de sepelios. Al llegar a la cochería, un sargento lo amenazó: “No viste nada en la base, no podés hablar”. También le dijo que se cuidara, porque tenía “un hijo chiquito”. Según Marileo, lo controlaron durante tres o cuatro años. Y por temor a que mataran a su familia, masculló su indignación por más de treinta años. Hasta que la cineasta Mariana Arruti lo entrevistó para el documental Trelew, la fuga que fue masacre. Ahora asegura con firmeza: “Es hora de que se haga justicia para que todas las familias tengan tranquilidad, eso fue una aberración. Ellos hicieron correr el comentario de que (los presos) quisieron fugarse. Esos chicos jamás podrían haberse escapado de la base”. Marileo espera cerrar el juicio con su testimonio, para que la gente sepa lo que pasó.
Entre los testigos presentados por la querella y la fiscalía hay cabos y conscriptos que prestaron servicio en la base, familiares, el físico Pregliasco, compañeros de los fusilados que no participaron de la fuga y dos integrantes del Centro de Militares para la Democracia (Cemida). Se calcula que alrededor de cincuenta personas atestiguarán en las audiencias, que se llevarán a cabo durante dos meses. El Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia, integrado por Enrique Guanziroli, Pedro de Diego y Nora Monella, y los fiscales Horacio Arranz y Fernando Gelvez, tienen la oportunidad de impartir justicia sobre uno de los crímenes más infames en la historia contemporánea argentina.
EL HUEVO DE LA SERPIENTE
“Para nosotros, la masacre fue la génesis del terrorismo de Estado, por la forma en la que se cometieron los hechos, la participación del aparato estatal y el fusilamiento en forma masiva, porque no se trató de un caso aislado sino de una decisión premeditada de matar a militantes políticos”, afirma Carolina Varsky, la abogada del CELS. Luego agrega: “Aunque no en forma numerosa como se dio a partir del 24 de marzo, y aun con un gobierno constitucional en el medio, fue una práctica que se repitió desde agosto de 1972 en adelante”.
¿Cómo se vivió el comienzo del juicio en Chubut?
Generó algo muy interesante en Rawson y Trelew. Las ciudades están movilizadas y mi esperanza es que el juicio despierte en sus habitantes las ganas de contar lo que vieron y vivieron en aquella época.
Publicado el 18 de mayo en revista
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